La ONG International Christian Concern, que lucha por los derechos humanos y contra la persecución religiosa, está haciendo una demanda inusual. Siete evangélicos del Estado de Chiapas, México, fueron detenidos después de negarse a convertirse al catolicismo. Las autoridades estatales y federales fueron informadas acerca de las amenazas de expulsar ilegalmente o encarcelar a personas por causa de su religión, pero se negaron a intervenir.
La prisión no es un acto aislado, es el último paso de un proceso iniciado por las autoridades de Leyva Velázquez. En el pequeño municipio, la comunidad evangélica no es bienvenida.
Según Luis Herrera, uno de los directores del Consejo Cristiano de Iglesias en México, ocho familias del pueblo se negaron a firmar documentos que confirman su conversión al catolicismo. Todos eran miembros de la Iglesia Renovación En Cristo La Dulce Presencia de Dios. Sin embargo, otros terminaron cediendo.
La constitución de México protege el derecho de todos los ciudadanos a profesar y practicar la creencia religiosa de su elección. Aun así, la persecución de la minoría evangélica es común en algunas regiones del país.
El incidente de este mes muestra la tendencia creciente de la persecución religiosa en las zonas rurales de México, así como la ineficacia del gobierno estatal y federal para proteger a las minorías religiosas.
En junio, se registraron unos 70 casos de persecución religiosa contra comunidades evangélicas. En total, los involucrados fueron entre 20 y 100 personas en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
La Federación Interamericana de Abogados Cristianos (FIAJC) emitió una declaración pública sobre el caso de persecución por la intolerancia religiosa en México.
“Lamentablemente, los casos de intolerancia religiosa y violaciones de los derechos civiles básicos están ocurriendo con frecuencia en México, donde los miembros de las minorías religiosas son perseguidos por la religión predominante [catolicismo]. Ellos sufren, por ejemplo, el corte de energía y agua, los niños son expulsados de la escuela y les prohíben enterrar a sus muertos en el cementerio público. El gobierno poco interviene en estas situaciones. La FIAJAC requiere una acción urgente por parte de las autoridades locales para el pueblo mexicano para garantizar la plena libertad de expresar su fe. Así mismo que esté disponible para contribuir legalmente con las familias presas”.
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