Los negociadores del Gobierno y las FARC llegaron en septiembre a un acuerdo en el punto de justicia transicional, que prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.
El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Ramírez, dijo que la aplicación de la justicia transicional podría beneficiar a los guerrilleros de las FARC que estén presos por delitos que no sean considerados de lesa humanidad, aseguró DPA.
"Estamos mirando qué personas de las FARC se encuentran en este momento privadas de la libertad. Hemos estado manejando estadísticas cercanas a las 2.000 personas, pero pueden seguir creciendo. Habrá que esperar a la firma de la paz para consolidar ese tema", explicó Ramírez en diálogo con RCN La Radio.
Según el general, la revisión de cada caso ya está en manos de los jueces y las autoridades competentes que se encargarán de "cruzar la información" y saber "quiénes pueden acceder a la justicia especial".
Los negociadores del Gobierno y las FARC llegaron en septiembre a un acuerdo en el punto de justicia transicional, que prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.
Las partes acordaron la imposibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual.
La ceremonia en la que se anunció ese acuerdo estuvo encabezada por Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko" y "Timoleón Jiménez", quienes se comprometieron a firmar el acuerdo definitivo de paz a más tardar el 23 de marzo de 2016.
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