La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó, en una votación que terminó 6 a 2, que la soberanía de la isla de Puerto Rico "reside" en Washington. El fallo se dio sobre un caso conocido como "Puerto Rico versus Sanchez Valle". La decisión de los magistrados se basó en la premisa de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito aunque sus implicancias van más allá que las del campo estrictamente jurídico penal.
El caso de Luis Sánchez Valle y Jaime Gómez Vázquez, acusados de venta ilegal de armas, ya había sido juzgado por un tribunal federal y ambos habían purgado sus penas. Sin embargo, la Justicia puertorriqueña, no conforme con la sentencia, intentó avanzar nuevamente contra los delincuentes. Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema.
"Toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con EE.UU."
Al respecto la jueza asociada Elena Kagan explicó que en 1952 Puerto Rico se convirtió "en una nueva especie de entidad política" y comparó el poder del Congreso de EE.UU. sobre la isla con el que tienen los estados sobre los municipios. En ese sentido añadió que "las raíces más antiguas del poder para encauzar que tiene Puerto Rico se encuentran en suelo federal".
Kagan fue aun más explícita: "El Congreso concedió autoridad para crear la Constitución de Puerto Rico, que a su vez concedió autoridad para presentar cargos", eso significa que "el Congreso es la fuente original de poder de la fiscalía de Puerto Rico, al igual que lo es para el gobierno federal".
No obstante, el juez Stephen Breyer –uno de los dos que votó en contra de la sentencia– argumentó que la fuente de las leyes criminales de Puerto Rico "dejaron de ser el Congreso estadounidense y se convirtieron en Puerto Rico en sí, en su gente y en su Constitución".
Por su parte César Miranda, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, publicó un comunicado cuestionando el fallo de la Corte Suprema. "Toca ahora a las autoridades de Puerto Rico, a su clase política, perfilar el derrotero a seguir en torno al futuro y la orientación jurídica y política de nuestra relación con EE.UU.", apuntó.
Asimismo el gobernador Alejandro García Padilla anticipó que pedirá exponer ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, en la sesión del próximo 20 de junio.
La junta de control fiscal
La relevancia que cobró el fallo del máximo tribunal estadounidense tiene que ver con un hecho de relevancia política mucho más importante. Prácticamente en simultáneo, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la creación de una junta de supervisión fiscal que tendrá la potestad para tomar medidas presupuestarias sin necesidad de consenso de la gobernación. Entre ellas se cuentan recortes al presupuesto y las pensiones, aumento de impuestos y rebaja de salarios.
Con 297 votos contra 127 el Congreso estadounidense dio curso a este proyecto que el senador Bernie Sanders calificó como "inaceptable" ya que es una legislación que "vela por las necesidades de los fondos buitres de Wall Street".
La propuesta de impulsar la llamada ley 'Promesa' (HR5278) surgió a partir de la crítica situación fiscal de la isla que se arrastra desde hace diez años y ha alcanzado un nivel de deuda que fue calificada el año pasado como "impagable" por el gobernador Padilla. "No es una cuestión política, sino matemática", explicó. Según distintas estimaciones el pasivo actual del Estado Libre Asociado asciende a 72.000 millones de dólares.
A diferencia de lo que sucedió con la ciudad de Detroit, que se declaró en quiebra, Puerto Rico no tiene esa potestad que le permitiría protegerse ante los acreedores y reestructurar su deuda. Y aquí radica una de las principales contradicciones de la relación entre Washington y su colonia.
Mientras la Corte Suprema señala que, al igual que los demás estados de la Unión, no puede ponerse por encima de la justicia federal. Como estado libre asociado no puede acceder a lo que se conoce como el Capítulo 9 del Código de bancarrotas de EE.UU.
Sergio Marxhuach, director de Políticas Públicas del Centro para una Nueva Economía de Puerto Rico, explicaba ya en 2013 que la isla "cuenta con la mitad de las herramientas económicas que tiene un país soberano. En los países existe un Banco Central, un ministro de Finanzas, una moneda. En la isla hay un secretario de Hacienda pero el resto lo maneja la Reserva Federal de EE.UU.".
Por su parte, Luis Gutiérrez (Illinois), que fue el único congresista que tomó la palabra en contra de la Ley HR5278, sostuvo que "a la comunidad internacional les va a recordar la junta de (Augusto) Pinochet", haciendo alusión a la junta militar en Chile. Al respecto sentenció que "la más grande democracia de mundo" ha decidido aprobar una propuesta "completamente antidemocrática".
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