En una decisión inédita e histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el uso “lúdico” de la marihuana, su siembra y consumo para consumo personal, sin incluir su comercio, suministro o distribución.
En sesión privada, los ministros se pronunciaron a favor del dictamen de Arturo Zaldívar que amparó a cuatro personas para que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) les conceda el permiso para producir y consumir la hierba.
La sentencia, declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones “para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente cannabis (su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico THC que en conjunto son conocidos como marihuana.Más tarde la resolución fue confirmada en sesión pública.
La resolución “en ningún caso supone la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiere a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas”.
Evangélicos y católicos en contra
José de Jesús Aguilar, director de radio y televisión del Arzobispado de México, indicó que lo determinado por los ministros fue un “mal paso” que puede “abrir la caja de Pandora” en cuanto al aumento de adicciones, pues dijo que “está comprobado que la marihuana es una sustancia de inicio para otras drogas más fuertes”.
Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) indicó que lo resuelto por la corte va “en perjuicio de la sociedad” y por lo tanto “lo lamento”. Expuso que aunque la Confraternice es respetuosa de las determinaciones legales destacó que existen otras prioridades y apuntó que una determinación de ese nivel debió llevarse “a un debate nacional” o incluso a un “referendo”.
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, refirió que autorizar a las personas a que “legalmente se droguen, es condenarlos a compensaciones esclavizantes de por vida” y precisó que tal parece que “ninguno de los ministros de la corte ha sufrido los efectos de esta droga en una persona cercana”.
El arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera López expuso que a los ministros “les toca permitir y a nosotros recibir y atender a las probables víctimas de las adicciones. Dijo que se vive en una sociedad permisiva en la cual pareciera que la libertad es lo que debe prevalecer en todos los aspectos.
Fuente: La Jornada
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