Las Naciones Unidas votaron por una resolución para implementar una lista “negra” de las empresas que operan directa o indirectamente en Judea, Samaria, Golán y Jerusalén Este. Presentado por la Autoridad Palestina y los países árabes y aprobado por unanimidad en marzo, la propuesta pretende imponer sanciones a las empresas controladas por los judíos en Israel y también a las empresas que desean establecer el comercio con las colonias israelíes en estas regiones.
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reaccionó fuertemente a la inminente votación y comparó la resolución a “períodos oscuros de la historia”, en el que judíos fueron fuertemente discriminados.
“No nos calaremos antes de este paso vergonzoso”, dijo Danon. “La ONU hará una lista negra de judías y empresas vinculadas a Israel y los boicoteará ellos, es un fuerte recordatorio de los períodos más oscuros de la historia”.
El embajador también acusó al Consejo de Derechos Humanos [creado por los Estados miembros de las Naciones Unidas] para convertirse en un grupo antisemita.
“Se sabe que el Consejo de Derechos Humanos se convirtió en un cuerpo antisemita y anti-israelí, pero no puede ser que la ONU continúe ayudando en este proceso surrealista”, protestó.
La reivindicación de Danon contra la ONU ocurre después de seis resoluciones anti-Israel, que fueron aprobadas el miércoles 7 de diciembre de 2016. Las medidas incluían una llamada a “intensificar los esfuerzos … a la conclusión de un acuerdo final de paz”.
Otra resolución se refiere a Israel “como potencia ocupante, que impone sus leyes, su jurisdicción y su administración en la Ciudad Santa de Jerusalén,” llamando a estas acciones de “ilegales”.
Otra medida también exige que Israel se retire de “Golán sirio” y devuelva “el territorio ocupado de 4 de junio de 1967″.
La ONU también criticó una votación celebrada el año pasado en la Knesset (parlamento israelí), que incluso con un resultado apretado (58 votos a favor y 51 en contra), aprobó un proyecto de ley que legalizaría a 4.000 hogares de judíos que ya fueron construidos en Judá y Samaria. El proyecto necesita dos votos más antes de convertirse en ley oficialmente.
“Instamos a los legisladores a reconsiderar su apoyo a este proyecto de ley, de aprobarse, tendría consecuencias de gran alcance y perjudicaría gravemente la reputación de Israel en el mundo”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “Israel, como potencia ocupante debe respetar la propiedad privada de los palestinos, independientemente de recibir o no compensación por ello”.
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